El edificio de GEPetrol, una empresa nacional de Guinea Ecuatorial
Preocupados por la gravedad de los problemas y amenazas que plantea la corrupción en el mundo, los estados miembros de la Unión Africana (UA), de la que Guinea Ecuatorial es parte, adoptaron la Convención para la Prevención y Lucha contra la Corrupción en julio de 2003. Esta Convención obliga a los Estados partes a brindar una mayor cooperación para prevenir el movimiento ilegal de fondos, así como para garantizar la integridad y la gestión adecuada de los asuntos y bienes públicos. En septiembre de 2018, el Representante Permanente de Guinea Ecuatorial ante las Naciones Unidas definió la corrupción como la práctica de utilizar indebidamente la responsabilidad pública para obtener u otorgar una ventaja ilegítima; además de señalar la existencia de normativas en Guinea Ecuatorial que persiguen la corrupción, como la Ley de Funcionarios de la Administración Central del Estado y la Ley de Ética y Dignidad en el Ejercicio de la Función Pública. Las declaraciones de las autoridades son contradictorias porque a pesar de haber implementado tales normas que persiguen la corrupción a ciertos ciudadanos que no son miembros de la familia del presidente, Guinea Ecuatorial y otros 13 estados miembros de la UA no han ratificado la Convención. La Convención de la UA proporciona un mecanismo de seguimiento que involucra a un consejo asesor sobre corrupción dentro de la UA. Según Begoto Miarom, presidenta del Consejo Asesor, “en general, los países que no han ratificado la Convención no han explicado las razones por las que no la han ratificado”. En el caso de Guinea Ecuatorial, que aprovechó el trío de acuerdos formado por el presidente