La Audiencia Nacional ha reclamado a Suiza información del dinero que varios ciudadanos del país africano invirtieron en España, previo paso por empresas radicadas en las Islas Seychelles
Publicado en VOZPOPULI
El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García Castellón, sigue el rastro en Suiza a 24,2 millones de euros (31 millones de dólares) que jerarcas de la dictadura de Guinea Ecuatorial sacaron de este país vía Seychelles, y que podrían haber acabado de forma irregular en España, según consta en las diferentes comisiones rogatorias dirigidas a la Confederación Helvética.
El instructor y la Fiscalía anticorrupción consideran que el exdirector general de la empresa petrolera guineana Gepetrol Cándido Nsué Okomo y Crispín Edu Tomo Maye, sobrino de Constancia Mangue Nsué Okomo, la esposa del dictador, Teodoro Obiang, contrataron al excomisario José Manuel Villarejo a cambio de 5,3 millones de euros.
Y para pagar este dinero, los jerarcas guineanos utilizaron una estructura de blanqueo de capitales del petróleo, que precio paso por los Islas Seychelles acabaron, en su mayor parte, en inversiones inmobiliarias en España. Las pesquisas ponen de manifiesto que la mercantil Framen Consultores y Asesores, propiedad del empresario Francisco Menéndez Rubio, recibió en Madrid de personas residentes en Guinea Ecuatorial 21,3 millones euros. Y esos ingresos los habría obtenido mediante facturas falsas, por lo que este empresario habría actuado como "cortafuegos" o testaferro para "enmascarar" el origen irregular del dinero.
Blanqueo y corrupción
La Fiscalía y el juez también han centrado sus investigaciones en la empresa Falconara LTD: "Aparece directamente vinculada con Suiza en la comisión del delito de blanqueo de capitales y del delito de corrupción en los negocios internacionales", destaca el juez en su comisión rogatoria enviada a Suiza, en la que también pide información sobre Francisco Menéndez Rubio, Cándido Nsué Okomo y Crispín Edu Tomo Maye.
El juez pide a la Confederación Helvética datos sobre la empresa Geoex Internacional, que pese a que fue creada por los ciudadanos franceses Pascal Lipsky y Pierre Benichou, los investigadores creen que podría pertenecer a los jerarcas de la dictadura guineana: "En los años 2010 y 2011, Geoex International recibió en Islas Seychelles un total de 31.449.950 dólares del Tesoro Público" de esta excolonia española.
En el mismo sentido, la investigación del caso Villarejo ha puesto de manifiesto que la empresa Framen Consultores, presuntamente utilizada por los ciudadanos guineanos para blanquear en España, firmó un contrato de asesoramiento con la empresa Geoex por la que le correspondían 200.000 euros anuales, más una comisión de éxito del 6,5% del importe de los contratos obtenidos. El propio juez advierte de que "existe un alto riesgo potencial de corrupción asociado a las cuentas y transacciones de Geoex".
En Seychelles
En su declaración como imputado, Menéndez Rubio aseguró que Geoex tenía sus cuentas bloqueadas por las autoridades de Seychelles. Sin embargo, antes de que fueran congeladas, esta firma tuvo tiempo de pagar 900.000 dólares en 2012 y 2013 a la empresa de Ge-Geology Limited, de la que es ejecutivo Crispín Edu Tomo Maye, principal contacto ecuatoguineano de Menéndez Rubio.
Los propietarios iniciales de Ge-Geology Limited también eran al 50% los franceses Pascal Lipsky y Pierre Benichou, si bien el 26 de octubre de 2011 todas las acciones de esta mercantil fueron transferidas a Crispín Edu Tomo Maye, quien fue nombrado director y autorizado de las cuentas de la compañía.
